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La defensa de Ghislaine Maxwell presentó un nuevo recurso ante un tribunal federal en Manhattan con el objetivo de impedir la divulgación de aproximadamente 90 mil páginas relacionadas con el caso de Jeffrey Epstein. Sus abogados argumentan que la legislación utilizada para forzar la publicación masiva de documentos vulnera principios constitucionales.
La estrategia legal
Los representantes de Maxwell sostienen que parte de los expedientes fueron obtenidos por el Departamento de Justicia durante el proceso penal en su contra, pese a que originalmente estaban protegidos por órdenes de confidencialidad. Según la defensa, los archivos incluyen más de 30 declaraciones juradas, así como información privada de carácter financiero y sexual que involucra tanto a Maxwell como a terceros.
La solicitud busca frenar la difusión de estos documentos, derivados de una demanda civil por difamación interpuesta hace más de una década por Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein. Aunque el litigio ya fue resuelto, los archivos forman parte del intercambio de pruebas que ahora se encuentra bajo revisión judicial.
Debate constitucional
Los abogados de Maxwell sostienen que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein —aprobada por el Congreso en diciembre— viola la doctrina de separación de poderes al obligar a los tribunales a liberar documentación judicial. A su juicio, el Congreso no puede intervenir en facultades propias del Poder Judicial ni imponer la apertura automática de expedientes protegidos.
El Departamento de Justicia, por su parte, ha solicitado retirar restricciones de confidencialidad para permitir la publicación de los documentos. Parte del material ya fue difundido tras una orden de un tribunal federal de apelaciones.
Publicaciones y controversias
La liberación de archivos vinculados a Epstein ha generado polémica. Algunas víctimas han señalado que sus nombres y datos personales fueron expuestos, mientras que la identidad de presuntos implicados aparece parcialmente censurada.
Legisladores han cuestionado que solo se haya hecho pública una fracción de los documentos existentes, pese a que funcionarios federales aseguran que prácticamente todo el material autorizado por la ley ya fue divulgado, salvo aquellos archivos que requieren una orden judicial específica.
Antecedentes del caso
Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 por su participación en una red de tráfico sexual vinculada a Epstein y actualmente cumple una condena de 20 años de prisión. El año pasado fue trasladada de una prisión federal en Florida a un centro de menor seguridad en Texas.
En semanas recientes también trascendió que Maxwell se negó a responder preguntas de miembros del Congreso durante una comparecencia virtual desde prisión, aunque indicó a través de su abogado que estaría dispuesta a declarar si se le concediera algún tipo de beneficio legal.
Mientras tanto, el tribunal federal deberá decidir si procede la divulgación total de los archivos o si mantiene la protección de los documentos bajo los argumentos constitucionales planteados por la defensa.
